Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, centrada en la federación: Especialista

Ruiz López sustentó que la Ley de Coordinación fiscal empezó a funcionar desde 1980 y nunca se ha modificado, y ésta opera bajo dos criterios, uno resarcitorio que consiste en que, de lo que se recauda en una entidad una parte se queda en ese estado que lo recaudó y otra para federación; y el aspecto redistributivo, en la que el recurso se reparte en función de la densidad de población de cada estado.

Enfatizó que el problema o injusticia que conlleva el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal es que de la recaudación federal participable, el 20 por ciento se reparte entre los estados y el 80 por ciento se queda en la federación, pero de este 20 por ciento que reciben los estados se reparte sólo un 20 por ciento a los municipios.

Argumentó que la Constitución señala que la base de organización política y administrativa del país es el municipio libre, es decir, teóricamente hablando todo parte primero del municipio, enseguida el estado y al final la federación, pero hablando de recursos públicos no es así, “tenemos un sistema centralizado en la federación”.

En ese contexto se pronunció por una modificación al Sistema de Coordinación Fiscal fundamentalmente en el tema de los porcentajes que se usan actualmente en la distribución de los recursos para que estados y municipios tengan más dinero de la recaudación federal participable, pero evidentemente condicionado a un sistema de transparencia y rendición de cuentas.

Ruiz López observó que también debe haber sanciones y fincar responsabilidades en aquellos servidores públicos que “distraigan” el dinero o que no lo apliquen correctamente, incluso, y aquí, -agregó- “la Auditoría Superior de Michoacán y de la Federación tienen una gran responsabilidad, tienen atribuciones para sancionar y dictaminar las cuentas públicas pero a la fecha no hay sancionados”.

El entrevistado, -quien recientemente fue reconocido entre los cien mejores fiscalistas del país por la revista Defensa Fiscal-, expuso que los ingresos propios de los ayuntamientos se reducen al impuesto predial, gravamen por lotes baldíos y algunas multas, pero también les ha faltado una estrategia tributaria que les permitan hacerse de recursos.

Domingo Ruiz señaló que la mayoría de los ayuntamientos no han actualizado sus padrones catastrales y siguen cobrando cantidades irrisorias, e incluso, en muchos casos no se interesan en cobrar.

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